La población colombiana víctima del desplazamiento forzado por la violencia está siendo empujada a una pobreza crónica que será difícil de superar.
De hecho, hoy en día, buena parte de los hogares colombianos afectados por ese flagelo viven en condiciones tan críticas que en la mayoría de los casos, al compararlas, son peores que las que caracterizan la indigencia .
Son dos de las varias conclusiones de un informe sobre las condiciones sociales y económicas en las que se encuentran los miles de desarraigados que tiene el país.
El estudio fue preparado para la Misión de la Pobreza y la Desigualdad de Planeación Nacional por los investigadores de la Universidad de los Andes Ana María Ibañez y Andres Moya.
En su análisis, los investigadores encontraron que la situación de los hogares víctimas del desplazamiento en los municipios receptores es más precaria que la que viven en los mismos lugares los pobres urbanos y los hogares indigentes.
" Por una parte, el tamaño del hogar, el número de menores de edad y la tasa de dependencia son mayores para los hogares desplazados frente a los pobres urbanos y rurales. De igual forma los hogares desplazados presentan menores dotaciones de capital humano medidas a partir de los años de escolaridad, que los hogares pobres e indigentes", subraya el informe.
El estudio señala que los niveles de desempleo para los miembros de los hogares desplazados son mucho más altos que los que se tienen para los miembros de familias pobres urbanas y rurales e indigentes urbanos.
La tasa de asistencia escolar para la población desplazada es significativamente menor que para la pobre e indigente urbanas.
Los investigadores encontraron que hay una mayor proporción de jefes de hogar analfabetas dentro de la población desplazada que en los pobres que viven en las ciudades mientras que el promedio de años de educación del jefe de hogar, del cónyuge y de los otros miembros de la familia desarraigada es menor que para la población pobre urbana e indigente.
Por sus niveles de escolaridad, menores tasas de asistencia educativa y su vocación agrícola, los desplazados están muy limitados para insertarse en los mercados del trabajo conduciéndolos a la informalidad laboral.
" Para los menores de edad, las bajas tasas de asistencia educativa, los índices de deserción escolar y la presión para vincularse en actividades generadoras de ingresos a una temprana edad, tambi´´en comprometen la posibilidad de que los menores de edad puedan superar sus condiciones de vulnerabilidad en el futuro y se conviertan entonces en mecanismos de transmisión intergeneracional de la pobreza", anotan Ibáñez y Moya.
En materia de salud, la investigación advierte sobre el alto grado de vulnerabilidad y precariedad en la que se encuentran los desplazados en Colombia. Señala que si bien hay mas hogares afiliados al Sistema de Seguridad Social, la salud de la población desplazada se deteriora como consecuencia de la misma situación por la que atraviesan.
En vivienda, la población desplazada tiene menor acceso a los programas oficiales que la oportunidad que tiene la población pobre o los hogares indigentes urbanos.
"El cambio en la tenencia y el tipo de vivienda, en especial de aquellos hogares que vivían en fincas y derivaban su sustento de actividades agrícolas en los municipios de origen, así como de aquellos que eran propietarios implica la pérdida de activos productivos e impone serios obstáculos para superar el choque que el desplazamiento genera y recuperar los niveles de bienestar", anota en uno de sus apartes el informe de los investigadores de la Universidad de los Andes.
El estudio señala que la migración forzada ha provocado también un impacto significativo sobre los ingresos y el consumo de las familias afectadas . El ingreso de los hogares desplazados los ubica, en promedio, apenas por encima de la línea de indigencia.
Políticas equivocadas e insuficientes
En su estudio, los investigadores de la Universidad de los Andes reconocen el esfuerzo realizado por las entidades del Estado para ayudar a la población desplazada pero advierten que el apoyo es insuficiente y en muchos casos los programas están mal orientados.
Señalan que atender a los desplazados exclusivamente con políticas dirigidas a los pobres, puede aumentar la vulnerabilidad de la población desarraigada e incrementar su riesgo de permanecer en condiciones de pobreza crónica.
Indica el informe que la principal debilidad de la asistencia a la población desplazada reposa sobre los programas de generación de ingresos los cuales considera poco efectivos .
"Por lo tanto, subrayan los investigadores, el programa de generación de ingresos esencial para que la condición de desplazamiento sea realmente un fenómeno temporal y no un fenómeno permanente con una alta demanda de recursos estatales".
Señalan que la asignación de tierras a la población desplazada ha sido bastante limitada mientras que la selección de beneficiarios ha sido un error recurrente en los programas de reforma agraria.
Insiste en que los recursos financieros asignados para prevenir y mitigar el desplazamiento son insuficientes y que hay poca claridad acerca de las responsabilidades de las entidades territoriales, falta de compromiso de las autoridades locales y deficiente infraestructura humana.
Más de 1,6 millones de desplazados
El informe parte del hecho de que el desplazamiento forzoso en Colombia afectaba, al momento de iniciarse el estudio ( mediados de 2005 ) a más de un millón 661 mil colombianos el equivalente al 3,6 por ciento de la población del país y al 13,1 por ciento de la población rural.
Revela que el fenómeno del desplazamiento forzoso se extendió a la mayor parte del país afectando hoy en día a 997 municipios del país, el 90 por ciento del total, ya sea por expulsión o recepción de personas.
El 57 por ciento de la población desplazada proviene de 78 municipios mientras que sólo 44 reciben el 66 por ciento de las personas expulsadas de sus lugares de origen ... Los departamentos de Putumayo, Chocó, César, Magdalena, Bolívar y Antioquia son los más afectados por el fenómeno del desplazamiento.
Bogotá, Magdalena, Valle, Sucre, Bolívar y Antioquia, son las regiones del país que más reciben a los desarraigados.
autor: emilio ribon simanca
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